El delito de prevaricato se encuentra dividido en dos:
Prevaricato por acción en el cual el servidor público realiza una resolución que sabe que no cumple con los lineamientos de ley; lo realiza de manera voluntaria ya sea por gusto o interés que tenga en este.
Prevaricato por omisión, aquí el servidor público hace caso omiso, se rehúsa o dilata por ejemplo un proceso con una finalidad inexplicable, pero se debe tener en cuenta que el servidor público es consciente de lo que hace.
Aquel servidor público o funcionario que incurra en este delito deberá ser denunciado y deberá pagar por el acto u omisión que realizo e incluso podrá ser inhabilitado para ejercer cargos o funciones públicas.
Con el prevaricato se afectan enormemente los principios de los ciudadanos, como por ejemplo del derecho a la igualdad, a la justicia, al debido proceso y quien viole estos derechos y principios debe pagar por ello.
